À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'Homme du 10 décembre 2007, ASF publie avec l'Association américaine des juristes (AAJ) un rapport sur la situation des avocats en Colombie. Le rapport est pour l'instant uniquement disponible en espagnol, la version française étant attendue en janvier 2008.
Le rapport trace un portrait sombre de la situation de la justice dans le pays, dénonçant des violations graves des normes internationales applicables au rôle de l'avocat, telles violations étant illustrées par des cas concrets d'assassinats ou de tentatives d'assassinat, de violence, d'intimidation et de persécution des avocats, de même que de méthodes visant à limiter l'exercice de la profession en faveur des victimes. Le rapport, qui contient une série de recommandations à l'État colombien, a été remis en mains propres au Rapporteur spécial des nations unies sur les défenseurs des droits humains lors d'un événement public à Buenos Aires et une dénonciation officielle lui a par la suite été transmise à Genève.
1. Violencia y persecución contra abogados
El informe resume testimonios de casos y algunas denuncias concretas recibidas por la misión AAJ-ASFQ (“Misión”) sobre la violencia y persecución contra abogados, sus familiares y sus patrocinados.
Dentro de ese contexto, la Misión tomó nota de casos recientes que demuestran que las agresiones y actos de violencia contra los defensores de los derechos humanos, y particularmente los abogados de la defensa, continúan, incluyendo:
- Asesinatos;
- Atentados; y
- Amenazas e intimidación contra abogados defensores de derechos humanos, sus familiares o sus patrocinados, que tienen como consecuencia el desplazamiento forzado o el exilio.
Pese a la carencia de información confiable, existen algunas cifras parciales que demuestran el número de abogados asesinados, desaparecidos o exiliados.
Además, el papel de los abogados defensores de derechos humanos frecuentemente está estigmatizado por las autoridades gubernamentales. Esta persecución y el deliberado desdén por el derecho de defensa se extiende a gran parte de los operadores del sistema judicial y policial que, por añadidura, recurren a acciones administrativas, judiciales y de hecho, criminalizantes del ejercicio profesional, particularmente cuando se trata de abogados penalistas, laboralistas o defensores de derechos humanos, tales como:
- Persecución disciplinaria;
- Hostigamiento judicial o “judicialización”, es decir acusaciones o procedimientos judiciales emprendidos directamente y/o en represalia contra el abogado;
- Interceptación de comunicaciones, allanamiento, robo de información y seguimiento;
- Estrategias de reducción de libre ejercicio de la defensa de derechos humanos y de desigualdad de armas, tales como interdicción de encargarse de ciertos casos, violación de la confidencialidad de la relación abogado-defendido, limitaciones de acceso a los expedientes o a los lugares de detención, impedimentos probatorios, vistas sin levantar el secreto sumarial, etc.
La situación es particularmente grave en las regiones diferentes a Bogotá.
En resumen, al abogado se le identifica o vincula ilegalmente con la causa de su defendido.
2. Violación de las normas internacionales
Esta identificación que realizan los diferentes grupos armados y las autoridades, sumado a agresiones que quedan en la impunidad, hace cada vez más difícil el ejercicio de la profesión del derecho, particularmente en favor de los grupos más vulnerables. El desconocimiento del rol del abogado tiene efectos negativos para:
- la lucha contra la impunidad;
- la protección y el desarrollo del Estado Social de Derecho en Colombia y el logro de la paz; y
- la representación efectiva de las víctimas y para la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, incluso en el proceso de desmovilización de los paramilitares bajo la Ley 975 de 2005. En el marco de este proceso de desmovilización, la Misión expresa su preocupación de que a las víctimas no se les garantice representación legal eficaz y adecuada, y que exista riesgo importante que se les niegue el derecho a la justicia, la verdad y la reparación, conforme a las normas del derecho internacional
Teniendo en cuenta sus observaciones y sus conclusiones, la Misión denunciará, por medio de este informe y en los foros pertinentes, las violaciones por parte del Estado colombiano de las normas internacionales y el incumplimiento de las resoluciones y recomendaciones del sistema internacional e interamericano, incluyendo los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados de las Naciones Unidas.
3. Recomendaciones
La Misión formula recomendaciones al Estado colombiano, incluyendo las siguientes:
- Adecuar sus prácticas a las normas internacionales aplicables al ejercicio de la profesión de la abogacía, con el objeto de garantizar el libre ejercicio de la profesión y el acceso a la justicia.
- De manera más precisa, reconocer el rol importante que cumplen los abogados y asegurar el respeto a los Principios básicos sobre la función de los abogados.
- El Estado debería impulsar investigaciones penales y disciplinarias sobre los casos de agresiones contra abogados y establecer la responsabilidad de los victimarios.
- El Estado debería capacitar a los funcionarios que integran sus diversos poderes, en el aprendizaje y en la práctica de los derechos humanos y en la importancia y el respeto del abogado como actor imprescindible del debido proceso.
- El Estado debería emprender políticas tendientes a la participación de la sociedad civil en la elaboración de estrategias comunes para la protección de los derechos humanos y el respeto al libre ejercicio de la profesión de la abogacía.
- El Estado debería implementar un proceso de interlocución e interacción entre los abogados defensores, la Fiscalía, la Procuraduría, el Defensor del Pueblo y la Defensa Pública para auscultar la situación de riesgo en la cual se encuentran los abogados, hacer seguimiento de las investigaciones penales y disciplinarias y desarrollar medidas de prevención y protección.
Finalmente, la Misión ha considerado oportuno poner en conocimiento del Relator Especial de Naciones Unidas Para la Independencia de Jueces y Abogados, el presente informe, sus antecedentes y las informaciones colectadas.