La extradición, el día de hoy, de una decena de jefes paramilitares, implica que el Estado colombiano no está en capacidad, ni tiene la voluntad, de llevar a cabo la investigación y el enjuiciamiento por los graves delitos de lesa humanidad cometidos por estas personas. En efecto, con fundamento en el incumplimiento de estos jefes paramilitares, del compromiso que habrían adquirido de cesar sus actividades delictivas, el Gobierno prefirió precipitar la extradición de estas personas a otro Estado, para que las investigue y enjuicie por el delito de narcotráfico, en vez de trasladar el conocimiento de los procesos de justicia y paz a la justicia ordinaria colombiana, para que fuesen juzgados por los delitos de lesa humanidad denunciados por miles de víctimas.
Perfectamente, habría podido llevarse a cabo la extradición en el futuro, luego de culminado el trámite judicial en Colombia. La decisión tomada por el Gobierno el día de hoy, que por lo demás, es contraria a una reciente providencia de la Corte Suprema de Justicia, no indica otra cosa que la declinación del Estado colombiano de su derecho y su obligación de juzgar a estos jefes paramilitares por delitos de lesa humanidad, que constituyen graves afrentas a los derechos humanos, frente a un requerimiento internacional por el delito de narcotráfico. Si bien este es un delito grave, no es equiparable a la naturaleza de delitos de lesa humanidad, que como el homicidio, la desaparición forzada, la tortura, el desplazamiento forzado y la violencia sexual, cometidos de forma sistemática y generalizada, atentan contra los seres humanos en su dimensión más valiosa: la vida y la dignidad.
De igual forma, esta decisión significa el reconocimiento, por parte del Gobierno, de que el proceso de “desmovilización” no fue genuino, sino un espejismo, y que los paramilitares siguieron delinquiendo a pesar de haberse comprometido a cesar las hostilidades desde diciembre de 2002. Desde hace más de 5 años, las víctimas han denunciado insistentemente la comisión de más de 3.500 asesinatos y desapariciones forzadas, por parte de los paramilitares, sin que el gobierno haya hecho nada para prevenirlo, ni para sancionarlo.
El efecto claro de la decisión adoptada por el Gobierno, es el desconocimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Sustraer a los investigados del contexto de la justicia nacional, anula la posibilidad efectiva de la sociedad colombiana de confrontar a sus victimarios y de conocer el relato de las violaciones de derechos, de las que han sido y siguen siendo víctimas miles de personas. Si bien esta posibilidad estaba restringida en los procesos judiciales de la ley 975, ahora resultará inexistente por completo.
No queda para las víctimas otro camino que intentar, dentro y fuera del país, que se deduzca la responsabilidad correspondiente, a este grado de incumplimiento de las obligaciones constitucionales y de los compromisos internacionales de garantizar que se haga justicia.
Comisión Colombiana de Juristas, Mayo 13 de 2008